La raíz de la democracia

Por Iván Antonio Jurado Cortés

El pasado domingo se llevó a cabo en todo el país la elección de dignatarios de las juntas de acción comunal; un hecho sin importancia para la mayoría de los gamonales políticos que solo se interesan cuando existen votos endosados a su favor. Según la Ley 743 del 2002, que es la que rige la conformación de las JAC tiene por objeto “promover, facilitar, estructurar y fortalecer la organización democrática, moderna, participativa y representativa en los organismos de acción comunal en sus respectivos grados asociativos y a la vez, pretende establecer un marco jurídico claro para sus relaciones con el Estado y con los particulares, así como para el cabal ejercicio de derechos y deberes”.

No hay duda que estas organizaciones son el sinónimo más claro de la verdadera participación democrática, que permite a las poblaciones en todos sus niveles, proceder en torno a una organización de carácter altruista, con el propósito de velar por los intereses comunales. Pese que existen actos administrativos que han promovido algunos cambios a la normatividad original, en el fondo, la esencia sigue igual. Su estructura legal, garantiza a las comunidades una participación directa en asuntos colectivos que al final son determinantes en el retroceso o avance de las mismas.

Las juntas de acción comunal según la normatividad, son todas las personas afiliadas formalmente en un núcleo poblacional y que residen en el mismo lugar. La ley expresa que los directivos y demás órganos de coordinación se eligen por espacio de cuatro años, siendo el presidente el representante legal de esta figura privada pero con sentido comunitario.

Las elecciones comunales abren el espacio de la democracia auténtica; prácticamente es el escenario natural para aplicar el sentido abnegado del fin común. Veredas, barrios y otro tipo de figuras asociativas, se unen entorno al criterio de elegir y ser elegido. Las juntas de acción comunal son la raíz de la participación ciudadana; son las que establecen los canales de comunicación necesarios para el desarrollo de sus actividades y son por naturaleza el vector con las entidades gubernamentales. Promueven y fortalecen en el individuo, el sentido de pertenencia frente a su comunidad, localidad, distrito o municipio a través del ejercicio de la democracia participativa.

Aunque la ley se ha quedado corta en distintos aspectos, que especifiquen algunos procedimientos de orden formal, muchos de ellos relacionados con la función, responsabilidad y obligaciones de cada uno de los dignatarios, no ha perdido su objetividad, y es la del trabajo mancomunado y desinteresado, proyectado al bienestar de quienes conforman la institución. Desde hace un tiempo hacia acá se viene hablando de la posibilidad de que el gobierno determine algunos honorarios para los directivos, con el argumento de retribuirles de alguna manera el tiempo dedicado a las actividades comunitarias.

La intención es buena entendiéndolo como un incentivo a los dirigentes, pero negativa, por el interés monetario que eliminaría por completo el proceder colaborativo, y estas entidades comunales que ha propósito son las únicas que aún revisten de real democracia, terminarían transformándose en una palestra de intereses económicos que borraría del mapa el afán comunitario; además, de volverse un fortín de primer orden para los caciques politiqueros regionales.

Hasta el momento, estas organizaciones no han perdido su objetividad, debido que el requisito número uno para los directivos es contar con la voluntad de servir a quienes los eligen de manera cordial y sin fines particulares. Por lo general son personas con carisma, vocación servicial y comprometidas con su entorno. Esto no significa que los gobiernos locales, departamentales o nacional se laven las manos y dejen a la deriva esta manifestación democrática; por el contrario, les obliga la necesidad legal de contribuir con inversiones destinadas a la capacitación permanente de sus líderes, otorgándoles las herramientas básicas del conocimiento para que puedan desempeñarse de la mejor manera.

Mientras los demás espacios democráticos se han convertido casi en su mayoría en rampas de choques o conflictos por alcanzar una curul o cargo de elección popular, las juntas de acción comunal, se conservan con su espíritu de servicio colectivo, gracias que hasta el momento no se ha envenado este ejercicio con el embrutecedor dinero, que cambiaría el objeto y enmarañaría las metas de la participación y trabajo comunitario.

Se hace necesario que la institucionalidad gubernamental priorice dentro de sus programas de inversión, el apoyo misional de estas organizaciones sin ánimo de lucro, ya que son el tejido de la sostenibilidad democrática en este país. Como bien se dice, son la raíz de la democracia, razón para conservar su esencia y de esta manera permitir la circulación del nutriente comunitario.