Por Iván Antonio Jurado Cortés
Dentro
de la lógica sociopolítica colombiana es natural recibir una noticia como el
pacto de la paz de manera asombrosa; aunque todo este tiempo se ha hablado de
un posible cese definitivo del conflicto armado, la mayoría de la población no
está preparada para adoptar dicha información; más cuando el proceso de paz ha
sido largo y bastante cuestionado por muchos sectores de la sociedad colombiana.
Las
conversaciones avanzan y la fecha límite para la concreción del proceso se
acerca, incluso el mismo presidente de la República intempestivamente lo
expresó al país, generando polémica desde ese instante. Ningún colombiano hasta
ese momento se había imaginado lo que sucedía en la mesa de negociación, si no
fuera por el propio ejecutivo quien revelara semejante ‘bomba’ que ha sacudido
la mente mediática de la gran masa.
Son
aproximadamente tres años de acontecimientos que finalmente han ido cuajando en
beneficio de la sana intención colectiva, permitiéndole finalmente a la nación
del ‘Corazón de Jesús’ respirar una esperanza de sosiego y desarrollo. La creación de una comisión para el esclarecimiento de la verdad,
la convivencia y la no repetición, así como la compensación a las víctimas, son
unas de las propuestas técnicas que permitieron el avance hacia el objetivo. Se
trata de una fórmula de justicia que satisfaga los derechos de las víctimas y
contribuya a una paz sostenible.
Obviamente que los directos afectados
tendrán su propia contextualización y opinión de lo que se avecina. El dolor e
impotencia de alguna forma se traducen en suficientes prevenciones que de no
ser entendidas por las mayorías, se pueden convertir en sueños frustrados que
desembocarían en acciones contrarias a
la intención de lograr la paz.
Es necesario que la verdad sea la
protagonista del desenlace de este histórico proceso de pacificación política. La
creación de salas de justicia y un tribunal para la paz, integrados por
magistrados colombianos con una participación mínima de extranjeros que cumplan
con los más altos requisitos, sería la salida a este laberinto, cuyo fin
esencial es acabar con la impunidad, conocer la verdad y castigar a los
responsables.
Vientos de pacificación y armonización
nacional se acercan, y por supuesto la expectativa nacional crece en torno a
una fecha que pasaría a la historia como punto de partida a una mejor sociedad.
La responsabilidad jerárquica del gobierno debe verse reflejada en constantes
acciones pedagógicas, que filtren hasta las más susceptibles mentes de la
ciudadanía.
Desde ya el sistema educativo del país
debe proponer una metodología que asimile y transmita descomplicadamente a todos los niveles de la población el fin
de un conflicto. Es inevitable la preparación psicológica y técnica de los
colombianos, ya que es la única vía que garantizará la sostenibilidad del
postconflicto. Es responsabilidad del Estado entender, comprender y facilitar
escenarios ideales para una nueva vida, una nueva historia y un mejor futuro.
Es claro resaltar que la fecha del 23
de marzo, es simplemente un punto de partida a una exploración práctica de la
literatura tratada por casi tres años de conversaciones. De los cinco temas más
importantes analizados en la mesa, el agrario y víctimas, son claves para una
real concreción de la paz.
Es imprescindible que los negociadores estén preparados para
flexibilizar en asuntos que de no manejar bien, podrían retroceder el
trabajo y ponerlo en alto riesgo. Se ha
dado un gran paso, no se puede retroceder.
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