Cultura política

Por Iván Antonio Jurado Cortés

Cuando han pasado algunos días del acontecimiento electoral, los colombianos empiezan a retornar a la normalidad ciudadana. En municipios y departamentos se eligieron nuevas autoridades y corporaciones administrativas, que por cuatro años gobernaran para la población electora y no electora. Aunque las disposiciones legales son las mismas para cualquier jurisdicción del país, existe diferencia en la manera de aplicarlas y operar.

Nadie puede desconocer las artimañas y habilidades propias de algunos personajes, utilizadas con la intención de ganar adeptos, fortalecerse en sus aspiraciones y llegar al poder público. El día de elecciones es determinante para los candidatos, ya que siempre se juegan su última carta, conservando el sueño de ser elegidos. Sin embargo, lo complicado del asunto es que estos cargos estatales dependen exclusivamente de la voluntad del sufragante.

Gran parte de la población colombiana adolece de una verdadera cultura política, cátedra que debiera implementarse tanto en colegios como universidades, pensando en la objetividad de la democracia, contribuyendo ostensiblemente al desarrollo y progreso de las comunidades. Es preocupante cada que se acercan fechas electorales, observar la discordia de simpatizantes entre las distintas corrientes partidistas. Claramente se nota que estas contiendas proselitistas son esencia de fanatismo más que de razón.

Está demostrado que en las campañas político-electorales, además de contar con una propuesta política, es indispensable el factor dinero, recurso que legalmente debiera utilizarse para atender necesidades propias del proceso, como logística, publicidad, y otros; más no para proceder a tomar control arbitrario de la opinión electorera.

Lastimosamente gran parte de la responsabilidad recae sobre el ciudadano común y corriente, quien es el que al final decide con su voto.

La ausencia de cultura política hace que la opinión en torno al tema planteado sea limitada, incluso nula; entendiendo que lo correcto debiera ser que los programas o iniciativas expuestas al pueblo por los aspirantes, fuesen determinantes al momento de elegir. Aunque nos encontramos en un país constitucionalmente democrático, son los vicios de procedimientos los que finalmente se imponen para la toma de decisiones. Desde hace décadas, la mayoría de campañas políticas se han convertido en un negocio popular, dejando atrás los principios de participación comunitaria.

De no aplicarse a tiempo los correctivos para re direccionar los procesos proselitistas, cada vez se irá perdiendo el sentido de la libre decisión ciudadana, conllevando a una anarquía que disimuladamente terminará imponiendo gobiernos dictatoriales. En Colombia se ha vuelto común la ‘herencia política’; en muchas regiones, el poder popular se pasa de una familia a otra, concentrando peligrosamente el destino de los electores. Ni que decir del gobierno central, que cada cuatro años se lo disputan diez clásicas familias del Norte de Bogotá.

Desde ya se vislumbra que de llegarse a concretar la paz con los grupos insurgentes, las elecciones después de este acontecimiento serán diferentes, rompiendo esquemas costumbristas, irritando con esto a los gamonales de siempre, que no les quedará otra alternativa que criticar a los defensores de la tranquilidad y sembrar odio entre los participantes. Debe ser una obligación del gobierno y una exigencia popular, preparar a las comunidades en cultura política.

Se espera que en la etapa de postconflicto se contemple esta propuesta académica pero de mucha efectividad en las decisiones populares, permitiendo indudablemente el fortalecimiento del tejido social, y con ello, devolverle la credibilidad a la política.

Es responsabilidad del Estado en su totalidad, permitir abrir los espacios para la reestructuración, armonización y entendimiento de los procedimientos político-electorales, que contribuyan al cambio.