Por Iván Antonio Jurado Cortés
La
expectativa nacional siempre fue rodeada de la más natural duda al momento de
hablar de las aprehensiones de políticos investigados por la yidispolítica y
chuzadas, hecho que no ha sido distinto a la simple realidad de un país que se
sume en una lúgubre incertidumbre burocrática. Con los últimos acontecimientos
se concluye la debilidad estatal al momento de tomar determinaciones ejemplares
contra funcionarios y servidores públicos que actúan en contra de la
reglamentación estatal, torturando la esperanza de millones de connacionales
soñadores de una mejor nación.
Hace
unos días la noticia relacionada con la condena de dos exministros y un
exsecretario de la presidencia para el entonces gobierno de Álvaro Uribe Vélez,
dejo entrever la flaqueza en el poder judicial, más cuando estos sindicados
fueron determinantes para cambiar negativamente el destino político de la
patria. Diego Palacio y Sabas Pretelt, finalmente quedaron condenados a meros
80 meses, mientras que Alberto Velásquez, a 60 meses, tiempos ridículos
comparados con la proporción de los delitos.
A
la hora del té, todos estos reos no son más que unos malhechores de la
sociedad, cuya consecuencia de sus acciones no tiene límites, debido que han
cambiado la dirección del país. La reelección presidencial facilitó el
engrandecimiento de los poderes conservadores, blindándose perfectamente en la
conquista y sometimiento de una masa adormecida bajo el hipnotismo neoliberal.
Con
los recientes acontecimientos, Colombia queda mal posicionada en la órbita
internacional, agudizando la estigmatización de ser una región insegura en
cuanto a la aplicación de justicia. Si a esto le sumamos los escándalos por
corrupción y abuso de poder de las altas cortes, francamente se connota una
imagen desalentadora, reflejándose en percepción negativa para la visión
extranjera.
Pero
en medio de semejante show, un personaje pasa de agache, lavándose las manos
como ‘Poncio Pilatos’, y con postura redentora, permea la sensibilidad de la
insensatez humana. No se puede tapar el sol con una mano, es lógico que detrás
de estos delincuentes les asistía otro pícaro, interesado en acorazar su propio
ego de poder y ambición gubernamental.
Con
esto se ratifica que para muchos políticos colombianos el fin si justifica los
medios; quedando contundentemente demostrado el maquiavélico pensamiento de un
ser que se autoproclama el defensor y la solución de la necesidad popular.
Y
como vivimos de murga en murga, no falta el oportunista, irresponsable y
sinvergüenza que atenta contra la inocencia e ignorancia de gente humilde, que adolorida por su propia desgracia, aclama
sin consuelo la transformación de un mejor vividero. Estos espejismos
caudillistas aprovechan la nobleza de compatriotas que en medio de la
desesperanza, desbordan de resentimiento y cólera en contra de un régimen
disfrazado de bondadoso.
No
podemos equivocarnos cuando acentuamos en expresar que existen diferencias
administrativas y/o gubernamentales en este país; simplemente son estratégicas
jugadas disfrazadas de colores camaleónicos, atenuantes de la necesidad del
pueblo. Ningún racional puede oponerse a una intención o acción que vayan en
pro de la seguridad individual o colectiva, es obvio que en estos casos los
esfuerzos son aunados para lograr dicho propósito.
El
Estado está en la obligación de prepararse para una profunda reestructuración,
de lo contrario, cualquier intento de pacificación nacional quedará susceptible,
más cuando alrededor existen presiones de inmenso poder económico y político
que, a través de las generaciones se han alimentado de la lamentación humana.
En
este orden, el poder judicial tendría un relevante papel en torno a la
resolución de un anacrónico conflicto armado, producto de la negligencia y
egoísmo gubernamental de anteriores décadas. La justicia no puede continuar
como un show farandulero, porque al final, será la anarquía quien se imponga en
este controvertido escenario.
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