SENTIMIENTO DE CULPA BUROCRÁTICA

Por Iván Antonio Jurado Cortés

Hace meses atrás el disgusto de los actuales alcaldes y gobernadores era generalizado,  a razón que saboreaban en carne propia una desdicha más, y todo gracias a la calentura desesperada de don ‘Juanpa’, cuando en tiempo de campaña rumbo a la reelección presidencial prometió como de costumbre, que se igualarían las fechas electorales, con el propósito de evitar tropiezos en la inversión pública por la aplicación de la famosa ley de garantías.

Pasaron los arrebatos y ha llegado la calma, el pretendiente logró el objetivo, sus cáfilas se acoplaron a la ansiedad gubernamental, mientras que las raíces burocráticas primarias y secundarias han quedado en el aire. Cuando todo se veía venir dentro de una lúgubre normalidad, interiormente se cocinaba otra maquiavélica propuesta, y como dicen por allí, para saldar una deuda con sus subalternos, se propone que la ley de garantías debe abolirse.

Este planteamiento envenenado es otra parsimoniosa salida del ejecutivo en el afán de cumplir promesas, y que las mismas no le permiten su apacibilidad  clientelista. Vasto que el ejecutivo prenda el mechero, para que la polémica se encendiera, generando opiniones divididas. La Federación Colombiana de Municipios a través de su representante legal, ha brindado total espaldarazo en favor de derogar la maltrecha ley de garantías.

Pero como estamos en Colombia, un país experto en crear leyes y al mismo tiempo violarlas, la ley de garantías nunca se ha aplicado a cabalidad, empezando desde su posición altruista, seguido de la entramada operatividad, que al final termina siendo vulnerada por la exigencia atropelladora de la hamponería estatal; sin embargo, ha servido para mermar la velocidad de acciones preelectorales desprendidas de los intereses gubernamentales.

Nadie puede decir lo contrario de que todas las administraciones locales y regionales así sean en mínima intención, han infringido la normatividad, facilitando el actuar delictivo por encima del preceptivo de garantías. Antes de eliminar la mamaracha medida legislativa que ha calmado la voracidad de sendos devoradores del erario público, hay que tener en cuenta que los entes territoriales municipales y  departamentales no son fianza de ética y confianza en la inversión pública.

Obviamente que el congreso de la República analizará el proyecto derogatorio a conveniencia, mirando las consecuencias electorales de sus bastiones en todo el eslabón burocrático. Desde ya se observan planteamientos negativos a la ponencia, especialmente de los partidos que no tienen representación en el orden local y departamental. Lo irónico es que la oposición a la nociva intención del presidente se soporta en intereses amañados y no de conveniencia ciudadana.

Se escucha y lo recitan en coro gremial: “La ley de garantías es un esperpento que impide invertir los recursos de las regiones”; es igual a expresar que el ‘agua moja’; pero el problema no es si se aniquila al adefesio, sino el momento en que lo quieren realizar. La igualdad de periodos electorales pudo haber sido una buena salida, solo que se tenía que efectuar ajustes, especialmente en la prórroga de los salientes mandatarios.

Un sentimiento de culpa burocrática golpea duramente el corazoncito del ‘jefe’, está terminando con su buen sentido del humor; ahora confía de que su corte marcial le haga el trabajito, para cumplirles así sea en mínima cuantía a los que algún día les ofreció el cielo y la tierra.

La acracia electoral sería inevitable de llegarse a aprobar semejante proposición. No es un secreto que alcaldes y gobernadores, tienen afectos representados en sus propios candidatos. El derroche de la ‘platica’ pública no se dejaría esperar. No habría garantías para los demás candidatos, hecho que obligaría a procedimientos en muchos casos irregulares, para intentar igualar las cargas. El gobierno está a punto de dar otra puñalada más a la apaleada democracia.