El divorcio de la democracia

Por Iván Antonio Jurado Cortés

A última hora en la reforma al Estado, propuesta presentada por el gobierno nacional al congreso de la República, se incluyó el ‘voto obligatorio’, iniciativa que ha causado irritación en la mayoría de la ciudadanía colombiana.

En medio del desespero por corregir la desequilibrada abstención electoral, que sobrepasa el 65 %, se ha optado por un mecanismo antipopular que indudablemente afectará a los votantes y beneficiará a las mafias electoreras, que preocupadas por desastrosos resultados, no les queda otra opción que tomar la decisión más fácil y rápida.

Como siempre, las intenciones de la tal reforma pesan por el favorecimiento clientelista que por el beneficio a las masas, que son finalmente las afectadas. En el momento el paquete reformatorio pasa por el análisis legislativo, esperando la revisión minuciosa y conveniente de los ‘hombres de las leyes’, que sin pensarlo mucho aprobaran después de que por medio existan compromisos particulares.

La abstención electoral se volvió endémica en la mayoría de las mentes colombianas, y no es culpa del elector, es el resultado de un masoquismo clientelista y politiquero que un significativo número de oportunistas han generado progresivamente, hasta el punto de convertirse en mala práctica cultural, letal para la democracia.

Desde la profundización del sistema neoliberal, aumentó la apatía electoral, más cuando estos procesos se apoyan exclusivamente en el dinero, opacando sistemáticamente verdaderos principios de la política. El voto obligatorio sería la estocada final a un endeble sistema que lentamente desfallece en medio de la anarquía y desilusión popular. Prácticamente será el divorcio de la democracia.

Obviamente la preocupación por la desidia al sufragio es de toda la ciudadanía, especialmente de los demócratas electores creyentes en su verdadera ciencia, aspirantes algún día que la doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno sea una realidad.

Diferentes encuestas realizadas por organizaciones consultoras y medios de comunicación, concluyen que la ciudadanía no ejerce el derecho al voto por la sencilla razón de no compartir con los candidatos o sus planteamientos ideológico-políticos.

La solución a la crónica abstención no puede ser imponiendo intereses electoreros por encima del sentimiento nacional, al contrario, emitir directrices para contrarrestar esta maléfica costumbre, destructora de la sensibilidad y dignidad patriota. A simple vista se percibe el malestar del constituyente primario.

La Constitución Política Nacional, propone mecanismos y herramientas de participación ciudadana, siendo el derecho al voto en sus diferentes modalidades, la oportunidad para rechazar o avalar ideas sociopolíticas expuestas desde el escenario gubernamental o civil. Es una lástima que hoy, a través de un ‘articulito antipopular’ se quiera obligar a una persona a actuar en contra de su propia voluntad y dignidad. Este sería la extrapolación de un régimen dictatorial que intenta resurgir en medio de la hipocresía democrática.

Necesariamente a la par de esta imposición, también debería reestructurarse la calidad y perfil de los aspirantes a cargos públicos, entendiendo que es la razón ineludible de por qué se generó rechazo a la práctica electoral. De nada serviría obligar al ciudadano a votar, si el propósito de hacerlo no es confiable, menos solución a una problemática.

La propuesta gubernamental debe ser integral, en el sentido de plantear criterios cívicos, culturales, ideológicos, sociales  políticos, pedagógicos y humanos, para incentivar progresivamente el deseo de votar por programas y no por nombres de candidatos.