Por Iván Antonio Jurado Cortés
No es raro que las ‘chuzadas’ ya
no causen sensación en este país, motivo que se volvieron comunes en los dos
gobiernos de Uribe Vélez; sin embargo se han mantenido de bajo perfil pero más
intensas que antes. No podemos olvidar que son legalmente utilizadas por los
organismos de seguridad del Estado, y en los últimos 12 años se han masificado argumentando
su esencialidad para el normal funcionamiento de los esquemas de inteligencia
de las fuerzas militares y policiales contra el hampa.
Lo curioso del asunto es que el gobierno nacional no ha hecho esfuerzo alguno por el desmantelamiento de estas bandas delincuenciales que aceleran la desestabilización del Estado. La actitud del ejecutivo y el ministro de la defensa nacional han dejado perplejo al país en cuanto al tema de las últimas chuzadas detectadas en la capital de la República, denominada: ‘fachada Andrómeda’.
Lo grave de estas actuaciones ilegales es que son
efectuadas por una célula del ejército, hecho que deja entrever la debilidad y deslealtad
de algunos altos oficiales de las fuerzas militares. La oficina pantomima que estaría
interceptando a los negociadores del gobierno en La Habana, entre otros, es una
transformación de la anterior ‘sala gris’ que funcionaba en el antiguo edificio
del DAS y búnkeres de la Fiscalía General de la Nación, razón para que el
presidente Juan Manuel Santos y su ministro de ‘guerra’ debieran estar completamente
enterados de las argucias practicadas por uniformados en complicidad con
funcionarios del CTI y civiles estratégicamente camuflados.
La famosa ‘Andrómeda’ no es más que otra de las
malas intenciones del poder seudodemocrático ultraderechista que existe en
Colombia, causante del recrudecimiento de la guerra civil que afronta esta
nación hace 50 años. Muchas de las ‘chivas’ que el expresidente antioqueño
lleva al ‘trino’ respecto a la seguridad, son infiltraciones de sus fieles
oficiales que aún creen que este personaje continúa con la investidura de
mandatario.
Es obvio que el proceso de paz con la guerrilla de
las FARC ha servido para identificar quienes están detrás del fructífero negocio
de la guerra, y el exmandatario y sus secuaces han sido de los más beneficiados
con el conflicto, hasta el punto de quebrantar el principio de la autoridad gubernamental
por cumplir con sus propósitos bélicos. Al inicio su discurso pendenciero fue
admirado y aplaudido por millares de nacionales, hoy, solo es una retórica
retrógrada, cubierta con manto redencionista.
Lo preocupante es aceptar a nivel gubernamental que
las `chuzadas’ son legales, sabiendo que cada vez los resultados son nefastos
para la democracia, contribuyendo al aumento de la incredibilidad y
resquebramiento de la dignidad humana. Claramente se nota como el alto gobierno
trata por todos los medios de restarle importancia a un suceso que en otros
países es considerado delito de inmensas proporciones. Estos actos bochornosos
y traidores son reflejo de la podredumbre estatal, que de continuar así, conllevaran
a un debacle sociopolítico.
En la actualidad, el cuerpo militar del país pasa
por los más bajos índices de credibilidad, debido al descubrimiento progresivo
de actos delincuenciales cada vez mayores y de implicaciones extremas. En este
orden, los falsos positivos, abuso de la fuerza y las resonadas chuzadas son
pan de cada día. Los últimos gobiernos se han caracterizado por defender al
máximo esta serie de anomalías criminales que destruyen sistemáticamente las
estructuras del Estado.
Cuando por primera vez se habla de la posibilidad
de lograr una paz política, aparece el ‘demonio’ y sin explicación intercepta
comunicaciones, hurta coordenadas y no pasa nada; todo se opaca de manera
mágica. Dentro
del folclorismo estatal, las ‘chuzadas de mi pueblo’ ocupan papel protagónico
en el diario vivir de los colombianos.
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