‘BUITRES’ DEL ALCOHOL

Por Iván Antonio Jurado Cortés

A raíz de la reciente Ley aprobada por el ‘Honorable’ Congreso de la República relacionada con las sanciones disciplinarias y penales a los conductores que transiten en estado ebrio, la posición de los colombianos en cuanto al tema es dividida; caso concreto en la determinación de los grados de alcoholemia.

Aunque no se puede desconocer que la medida en gran parte es buena, porque permite exigir mayor concientización de quienes les gusta conducir embriagados, necesariamente se deben hacer ajustes, de lo contrario se prestaría para aumentar el nivel de corrupción por parte de los cuerpos operativos que tienen la dispendiosa tarea de ejecutar el precepto gubernamental.

Pero lo grueso del asunto no es si la normatividad es coherente a la necesidad o exagerada, el problema radica en quienes se beneficiaran de la polémica ley, entre ellos, agentes de tránsito o policía vial, sin dejar de lado el gremio de los taxistas. No nos olvidemos que el estamento policial en los últimos años ha perdido credibilidad, razón de los incontables casos de corrupción y violación de los derechos humanos que de manera progresiva socavan la dignidad social.

La idiosincrasia nacional conlleva que el comportamiento del colombiano tenga particularidades en cuanto a la forma de celebrar sus alegrías, tristezas, logros, fracasos, o simplemente desestresarse; cualidades todas que concluyen con ingesta de alcohol y en ocasiones sustancias psicoactivas, que ya dentro del cuerpo aceleran actitudes, la mayoría de veces impulsivas e irracionales, como creerse ‘Montoyas’ al frente de un volante o ‘kalimanes’ contra inermes ciudadanos que intentan pasar un buen esparcimiento.

De alguna manera se fortalecerán las empresas de transporte público, especialmente los fines de semana y en horas nocturnas. Está demostrado que cuando nos tocan el bolsillo, inmediatamente reaccionamos, y esta vez con la mínima multa de casi dos millones, necesariamente el instintito humano procede a toda costa evitar ser sancionado. Por este lado las cosas tendrían objetividad porque contribuirá al engrandecimiento de la economía en el sector del transporte formalizado.

No podríamos decir lo mismo de algunos agentes, que miran en esta disposición la ocasión perfecta para acrecentar su salario. Muchos funcionarios de tránsito o policía de carreteras, han puesto sus ojos sobre lo que para ellos es la mejor oportunidad de la vida, lucrarse con facilidad.

Prácticamente estos personajes son los que desde el pasado fin de año, cuando todo era fiesta y celebración, pusieron el ojo sobre sus improvisadas víctimas, y como aves de rapiña atrapaban a sus presas, no para reportarlas sino para transar. Aprovechando la inauguración de la reglamentación, hicieron su ‘agosto’, cobrando hasta el 50% del valor de la multa por grado de alcohol.

A medida que pasen los meses es obvio que los accidentes disminuirán, bajara el número de lisiados y víctimas mortales, contribuyendo a la concientización de una parte de la población; mientras que otro tanto en complicidad con los ‘buitres del alcohol’, buscará por todos los medios una salida folclórica para hacerle ‘conejo’ a la legislación. Así como se aplaude el éxito de la medida cautelar, por otro lado preocupa el aumento de los casos de corrupción con los encargados de la operatividad de la norma.

Según los últimos reportes policiales de ciudades capitales del país, los resultados son similares en el sentido de que ha disminuido considerablemente el número de infractores borrachos. La Ley 1696 del 19 de diciembre del 2013, contempla medidas penales y administrativas, las dos soportadas por el grado de alcoholemia del eventual infractor. Antes que de aprender de las restricciones impuestas por la normatividad, prevalece el costo de las multas, que en dinero sí representan una alerta para todos los estratos sociales. Amanecerá y veremos.