OTRA ESTOCADA A LA DIGNIDAD

Por: Iván Antonio Jurado Cortes

Mientras que el pueblo colombiano aun no determina la ruta lógica para salir de la crisis agraria que por décadas ha marchitado el sueño de millones de productores, el gobierno nacional ya tiene otro ‘chicharrón’ para satisfacer los gustos de ‘Juan Pachanga’, y es una ‘Reforma’ a la salud, que indudablemente va lanza en ristre contra el bienestar comunitario.

Cada vez esta patria se vuelve más insostenible, problemas estructurales que avanzan a pasos agigantados en busca de asiento definitivo en la mansa y cómplice resignación de la mayoría de connacionales. Hoy en día ya no contamos con los amparos constitucionales de la carta magna en educación, salud, justicia, seguridad, empleo, agro y ambiente.

De manera rampante estos gobiernos elitistas-neoliberales, se han empeñado en extirpar la esencia de la encantadora ‘Constitución del 91’; una verdadera lástima, ya que el objeto de su construcción era derrotar la prepotente y añejada carta política de 1886 que tanto daño le ha hecho a la democracia.

Pero como asunto curioso, después de 22 años de constitucionalidad finalmente termino reencauchándose la constitución del 86, saliendo victoriosa la oligarquía, subyugando a los que quieren jugar al sano político pero por su vulnerabilidad ideológica, sucumben arrodillados a un régimen capitalista, absorbente de la dignidad humana.

Aunque no lo reconozcamos, sigue gobernando el espíritu constitucional del siglo antepasado, desde todo punto de vista favorable a las castas selectas del poder y la opresión.

Está claro que todo apunta a una perenne anarquía, conveniente a los ‘caciques’ que nos gobiernan y coadministran. Los derechos fundamentales, imprescriptibles, inalienables e inembargables ahora son estribillos ideales para adornar sendos textos de elegante caligrafía, proyectados a ilusionar desprevenidos lectores o practicantes de abogacía. En este orden, lo que faltaba para catapultar al colmo del cinismo fue la última ‘Reforma a la Salud’, hecho que en medio del ‘folclorismo’ popular se muestra como un total exabrupto.

Aunque la Ley 100 de 1993 se ha caracterizado por la cantidad de remiendos, entre ellos la 1122 del 2007 y la 1438 del 2011; con la de hoy, queda demostrado el maquiavélico interés del sistema capitalista gubernamental y la debilidad e incompetencia de las entidades de control. No hay constitución política que se oponga a tan miserable producto de los ‘padres de la patria’ y jefe de Estado. En el argot cotidiano, ha sido interpretada como una estocada mortal a la dignidad colombiana.

Tanto la ley ordinaria como la estatutaria, las dos van íntimamente ligadas aunque en algunos pasajes se evidencien contradicciones en redacción, que no son de inocencia sino de astucia para engatusar a las masas y argumentar que es un gran logro planificado a mejorar las condiciones humanas de los 47 millones de compatriotas.

No se puede olvidar que al año el sistema de salud maneja alrededor de 44 billones de pesos, cifra nada despreciable para dejar pasar de agache, por el contrario, si vale la pena sacrificar la vida de millones de connacionales con el fin de asegurar y acrecentar las cuentas doradas.

Pero esto no es todo. Sabemos que una de las causas de este nefasto sistema son los intermediarios (EPS) que a la hora de la verdad se quedan con el 50% del dinero estatal que debiera llegar al enfermo, suficiente razón para que pasen a llamarse ‘gestoras sociales’; el Fosyga se transforme en SaludMía y el POS en MiPlan. En otras palabras: ‘la misma marrana con distinta guasca’.

Mientras existan los mercantiles de la salud, jamás terminara el calvario de pacientes, hospitales públicos, y trabajadores de la salud.

Hemos vuelto a caer con mayor fuerza y sin protección alguna en manos de habilidosos e inescrupulosos financistas, que a propósito son contados con los dedos de la mano. Ha sido una puñalada trapera a la inocencia popular.