Por: Iván Antonio Jurado Cortés
A medida que pasan los días las
cosas se tornan complejas para las comunidades aborígenes y negritudes del
departamento de Nariño, en especial las fincadas en el Piedemonte y costa
nariñense. Y es que la violencia se ensaña cada vez con mayor fuerza en contra
de las oportunidades de estos grupos étnicos, que lentamente les embarga la
desilusión, desenvainando la improvisación y angustia para hacerle frente a una
cruda realidad que deja a su paso calamidad y desaliento humano.
Fuerzas militares legales e
ilegales con procedencias ideológicas o delincuenciales diferentes, permean la
sensibilidad y dignidad de estos compatriotas que solo desean vivir en paz. Ni
que decir del pueblo negro o habitantes de la costa, en especial de Tumaco, hoy
libran una guerra sin cuartel que en lo corrido del año arroja más de medio
millar de muertos.
La
etnia Awá ha sido una de las culturas más afectadas por el conflicto armado que
se desarrolla en nuestro país. En las últimas décadas la ‘gente de la montaña’,
así como traduce el nombre indígena, se ha convertido en blanco de la violencia
y también del abandono estatal. Existe un desplazamiento progresivo en los
diferentes asentamientos indígenas que por miles de años han vivido en sus
territorios, sin que nadie les generara opresión o discriminación alguna.
Hoy,
no es raro encontrar en las cabeceras municipales de Tumaco, Ricaurte,
Barbacoas, Mallama, y otros municipios del suroccidente de Nariño, cientos de
familias Awá sin rumbo alguno. Mujeres con cinco, seis, hasta ocho niños y
ancianos, deambulando por calles y parques de esas poblaciones. Obviamente que
los más afectados por esta crisis humanitaria son los menores; ya que su normal
desarrollo está siendo afectado por una serie de situaciones adversas a su cultura
e idiosincrasia, a esto sumado la indiferencia social y las malas condiciones
alimentarias y sanitarias a las que son
sometidos permanentemente.
El
Estado colombiano más que justo debe ser condescendiente con las poblaciones en
estado de vulnerabilidad, especialmente las indígenas. Que la política social
sea directamente aplicada a estos núcleos familiares. No basta con los
programas presidenciales actualmente en ejecución: Familias en Acción, Adulto
Mayor, Primera Infancia y otros, sino que se haga un estudio serio por cada
comunidad afectada, indicando de primera mano los antecedentes de cada
población desplazada; de igual manera garantizándoles programas encaminados a
solucionar la causa de los problemas. En otras palabras, generar espacios
ideales para que estas personas tengan un desarrollo digno en todos sus
menesteres.
Que
no sean estos niños un problema para el futuro de Nariño y Colombia, sino que
se transformen en vectores y auténticos herederos de esta cultura ancestral
Latinoamericana, que a propósito enfrenta un agresivo exterminio por parte de
los enemigos de la conservación social y cultural.
Hoy
la sombra de la desesperanza cabalga campantemente, masacrando la dignidad y
tranquilidad de estos pueblos. Rostros de incertidumbre son los que se observa
en la niñez ancestral del Piedemonte y costa nariñense, todos víctimas de la
guerra desenfrenada desatada contra su raza.
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