Por: Iván Antonio Jurado Cortés
Un adagio bastante trajinado en
el argot popular: “la justicia se hizo
para los de ruana”, es una letanía que desafortunadamente se aplica al pie
de la letra en esta patria colombiana. Según encuestas realizadas por centros
especializados y diferentes medios de comunicación, expresan con claridad que
el 75% de la ciudadanía no cree en el sistema de justicia nacional, más cuando los conceptos judiciales se definen
en medio de intereses políticos o económicos.
En la carta constitucional de 1991,
que al inicio proyectaba ser una constitución ajustada a las necesidades del
pueblo oprimido, no faltaron los famosos ‘micos’ que con el paso del tiempo se
convirtieron en gorilas imposible de controlar, como la privatización de la
salud, educación, latifundización de la tierra
y por supuesto la flexibilidad de la justicia.
La estructura judicial en
Colombia debió ser creada acorde a las necesidades demandadas por la cultura y
acciones antisociales propias del país, no podría ser copiada de otros países
como a veces parece ser. El Estado colombiano
para su manejo administrativo y político se ha divido en tres poderes:
ejecutivo, legislativo y judicial, razón suficiente para entender que esta
última sea dirigida con gran responsabilidad, profesionalismo y ética en
beneficio de la sociedad. Al considerarse una de las tres partes de las que
conforman el Estado, automáticamente se convierte en una institución
determinante para el desarrollo o atraso de la nación.
Es demasiado ridículo, que después
de treinta y cinco reformas a la carta constitucional, entre ellas un gran
porcentaje relacionado directamente al sistema judicial, el ‘Honorable Congreso
de la República’ no haya considerado un delito tan diciente como el de conducir
un vehículo en estado de embriaguez.
Sin embargo, después de tanta ‘justicia
en papel’, aún no existe claridad de una decisión jurídica que defina si al fin
‘manejar borracho’ o atropellar a una persona en estas condiciones
desequilibradas, sea delito o solo un simple accidente.
La gota que lleno la paciencia de
la dignidad nacional fue al trágico suceso acaecido en días pasados en Bogotá,
donde perdieron la vida dos jóvenes y otra persona quedó gravemente herida, consecuencia
de un conductor embriagado que irresponsablemente transitaba sin la mínima
prevención por calles del distrito capital, y que finalmente, este señor
después de semejante tragedia, una juez lo ponga en libertad desde el primer
día de los hechos.
Fabio Andrés Salamanca es hoy en
día el punto de discusión entre los organismos de justicia: fiscalía, jueces y
procuraduría, ninguno demuestra argumentos técnicos judiciales para proceder en
consecuencia de aplicar justicia a satisfacción. Lo único que queda claro es el
grado de improvisación de estas instituciones al momento de tomar
determinaciones en la vía del derecho.
Mientras una persona humilde es
condenada a siete años por hurtarse un dulce de un supermercado, otras de
estrato seis cometen delitos, y ni siquiera tiene prisión domiciliaria, más
bien son enviadas a las clínicas por estrés o impacto psicológico.
Con esto queda demostrado que
los famosos ‘parlamentarios’ han perdido su tiempo en cuanto a la
reestructuración del modus operandi de la justicia colombiana. En el último
lustro en tres oportunidades se han presentado proyectos de ley ante el ente
legislador sobre este polémico tema, pero todos han sido archivados por falta
de quórum o desaprobados en primer debate, sin ningún interés por parte de los
‘padres de la patria’.
Hoy en día cuando el pueblo
colombiano completamente indignado, exige justicia sobre este caso y los
cientos de accidentes de este tipo a diario en el país, el ejecutivo y las
fachadas de justicia salen al paso manifestando que se harán las reformas
pertinentes para castigar a los infractores.
La verdad, no se observa un camino
despejado para cumplirle a la ingente solicitud que hace la sociedad en
combatir y poner en su sitio a estos ‘asesinos en potencia’, como son las
personas que irresponsablemente conducen en estado agudo de embriaguez…
impotencia se siente al observar constantemente la pérdida de cientos de vidas
humanas, mientras que la justicia se confina en actos burocráticos y las leyes
reposan en decorados anaqueles, exclusivamente para consultas jurídicas de
estudiantes de abogacía, más no son efectivas en la realidad.
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