“EN EL PAÍS DE LOS CIEGOS EL TUERTO ES REY”

Por: Iván Antonio Jurado Cortés

Paradójicamente en la semana que termina se escucharon dos noticias que deben preocupar y concientizar a toda la ciudadanía colombiana: por un lado el disciplinado informe “¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad” que trata sobre el conflicto armado que libra nuestra nación desde el año 1958, donde se expone con precisión el número de víctimas mortales, lisiadas, secuestros, extorciones, en fin, muchos hechos victimizantes propios de una cruenta guerra; y por el otro, la absurda decisión del gobierno de retirar la Oficina de los Derechos Humanos adscrita a la Organización de las Naciones Unidas.

Cada vez se entiende y se cree menos en las decisiones políticas tomadas por parte del gobierno central; mientras con la mano se pactan compromisos sociales aparentemente coherentes a las  necesidades populares, con el codo todo se borra. Claro está que por encima de cualquier directriz administrativa, priman las pautas neoliberales dirigidas desde el país del norte, que en el fondo solo es acatar las ideas expansionistas y mal intencionadas del gobierno del ‘Tío Sam’.

Más preocupante aún, cuando el informe sobre la violencia colombiana demuestra que el 80% de las víctimas corresponden a población civil, entendiéndose que este despiadado conflicto afecta directamente al ciudadano común y corriente, lastimando de muerte al tejido social nacional. Se alcanza a percibir que el ‘plomo’ alcanza a todo mundo, nadie está exento de la barbarie de la guerra.

Sin embargo, un selecto grupo de compatriotas insisten por todos los medios para que este sistémico flagelo bélico continúe indefinidamente, no importan los millares de nacionales que sigan perdiendo la vida, solo interesa la rentabilidad financiera y las coyunturas político-electorales que pueda salir de este maquiavélico juego. Un hecho que ha servido para medir las capacidades de convicción y responsabilidad popular es el actual ‘proceso de paz’, que perfectamente nos arroja los prototipos de dirigentes o seudo-dirigentes que gobiernan a Colombia. Es el escenario ideal para catear pulso.

Según esta investigación sobre la guerra colombiana, más de 220.000 muertos se registran desde finales de la década de los cincuenta hasta la fecha, siendo la mayoría perpetradas por grupos paramilitares, en menor proporción la guerrilla. Es inconcebible desde todo punto del entendimiento, aceptar que el país anda bien por lo tanto no se hace necesario contar con apoyo internacional respecto a la protección de los Derechos Humanos…  sabemos todos que es una gran falacia las expresiones del ejecutivo, más cuando argumenta que la justicia interna es suficiente para atender semejante problemática.

Las cifras demuestran la progresión y agudización de la guerra, de igual modo refleja la ineptitud del Estado para atender y solucionar todas las acciones violentas producto del conflicto. Los casos de impunidad y limitada investigación sobrepasan el 75% del total de los hechos. Con esta magnitud, Colombia necesariamente debe hacerse del permanente apoyo de la Oficina de los Derechos Humanos, sabiendo que es uno de los países en el mundo donde más se los viola.

¿Que gana el estado colombiano al evitar que la Oficina de los Derechos Humanos permanezca en el país? Sabiendo que está comprobado la inoperancia del esquema judicial… la estructura gubernamental no es acorde a los requerimientos del pueblo; las políticas aplicadas en gran parte van en contravía de los intereses de las mayorías… encajan en este refrán muy conocido: “en el país de los ciegos el tuerto es rey”… no hay brújula de gobierno.