Por:
Iván Antonio Jurado Cortes
Después
de siete días de fuertes protestas como consecuencia del abandono estatal a la
que han sido sometidos varios sectores de la producción nacional, hoy la
incertidumbre por parte de los manifestantes es cada vez mayor, mas cuando los
ministerios responsables de la política agropecuaria y social no han mostrado
ni el mínimo interés en proponer soluciones coherentes a la realidad del país.
Es
irónico que todas las organizaciones que se han volcado a las calles para exigir
al gobierno resolución a sus peticiones, no tengan respaldo por las mal
llamadas federaciones.
En
estos momentos de crisis es cuando los presidentes o gerentes gremiales
debieran estar al frente de todo el proceso de acercamiento y concertación con
el gobierno, acciones que no se han visto- y razones no faltan. Actualmente
ninguno de los supuestos federados cree en sus representantes. Y no es para
menos, con los últimos sucesos se ha concluido que los llamados indignados son los
verdaderos afectados, que erróneamente han venido contribuyendo en el
sostenimiento de la burocracia gremial.
El
paro nacional agrario avanza en medio de la improvisación gubernamental,
conllevando aceleradamente a una calamidad social y económica, que al final
terminará en una profunda crisis humanitaria afectando obviamente a los más
débiles. Claro está, que para negociar en medio de las protestas, el gobierno
nacional debe tener dos propuestas claras: por una lado los recursos económicos
necesarios para corregir el déficit financiero que representa la actividad
comercial agraria y por el otro, la disponibilidad para establecer una política
subsidiaria a mediano y largo plazo, dirigida a los sectores golpeados por las
importaciones a causa de los devastadores TLC.
El
huérfano estado de este justificado paro es lamentable; por ningún lado se
observa la voluntad y compromiso político del Congreso de la República, quienes
están en la obligación ética y legislativa de participar en búsqueda de
soluciones positivas en favor de los vulnerables, que cada vez aumentan en
proporciones preocupantes. En regiones como el altiplano cundiboyacense y
Nariño, se viene sintiendo con mayor fuerza la crisis económica derivada de la
degradación de la política agropecuaria, motivo para que sean las principales
comunidades en levantar la voz.
Se
debe aclarar que los ‘padres de la patria’ no pueden entenderse de esta
exigencia popular, ya que por estos días no es conveniente ‘pintarse’ o mejor
dicho ponerse en contra del gobierno central. Para estos personajes, primero
está asegurar su reelección que enfrentar una situación muy comprometedora a
sus intereses seudopatrióticas. “Que los campesinos se las arreglen solos,…
estos votos no son significantes” manifestó un sinvergüenza senador oriundo de
uno de los departamentos más golpeados por esta problemática.
Productores
de todas las ramas se encuentran ‘con el agua al cuello’, esperando que una
política estructural agraria resuelva esta discriminación histórica del
campesinado por parte del Estado colombiano.
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