Por: Iván Antonio Jurado Cortés
El departamento de Nariño es una de las secciones
del país identificada a través de la historia política reciente como una región
con grandes inconvenientes de inversión pública proveniente del gobierno
central. A pesar de que sus gobernantes han hecho ingentes esfuerzos en pro del
desarrollo departamental, son muchas las limitaciones y necesidades que
presentan estas comunidades asentadas al suroccidente de Colombia. En este
orden, hay municipios con mayor atraso socioeconómico que otros, entre ellos
los de la costa y Piedemonte.
Nadie puede ocultar el atraso social que hoy
afrontan las poblaciones rivereñas al ‘Mar de Balboa’, con un común
denominador: NBI, muy lejos de la media departamental y nacional, fiel reflejo
de un crónico proceso de olvido y desesperanza. A raíz de esto, en la actualidad
estas tierras son utilizadas para la explotación de cultivos ilícitos y por
ende el acantonamiento de grupos armados de todos los bandos. El Piedemonte no
es la excepción, por el contrario, se ha convertido en la rampa de la
planificación destructiva de los protagonistas del ‘negocio redondo’.
El ‘Plan Colombia’ en el gobierno de Andrés
Pastrana fue el inicio de una serie de procedimientos nocivos a las
comunidades, entre ellas las del pacífico, a pesar de los fuertes
pronunciamientos de organismos internacionales y del rechazo de millones de colombianos,
la fumigación aérea según el presidente y su séquito de ‘amigos’ era la
solución perfecta para terminar con el tráfico de estupefacientes y la
violencia interna, algo que en cuatro años se convirtió en simple retórica;
para posteriormente continuar con la misma actitud solo que se cambia el
nombre, ya no fue ‘Plan Colombia’ sino ‘Seguridad Democrática’ y finalmente prosperidad
para Todos’.
Son catorce años continuos de estar
insistiendo en una formula drásticamente perjudicial a las masas populares,
experimentando con millones de vidas humanas, estigmatizando su condición
social, y todo por unas disposiciones de la banca internacional que solo le
interesa el capital invertido en esta finca llamada “Colombia”.
Un estudio juicioso realizado por la Pastoral
Social de Tumaco, expone la triste degradación social que en la última década
es el pan de cada día. No se puede asimilar que en el primer trimestre de este
año sume más cien personas muertas, todas víctimas de la violencia y en su
mayoría del municipio de Tumaco, que ha propósito se ha convertido en el
epicentro de las acciones maquiavélicas, producto de la nueva política
narco-militar que se impuso en ese sector de la geografía sureña.
Claro está que las acciones implementadas
para derrotar la producción de alcaloides y a los que la patrocinan, son
contrarias a la solicitado permanentemente por sus habitantes, perjudicando
enormemente la sostenibilidad social, cultural, económica y ambiental de estos
territorios.
Lastimosamente, de continuar con esta
política impuesta por los Estados Unidos de Norteamérica, donde solo le
interesa ‘cortar’ el negocio del narcotráfico sin importar quien pague las
consecuencias, muy pronto el gobierno nariñense tendrá que afrontar la más
grande crisis social nunca antes vivida… es una peligrosa bomba de tiempo lo
que se cocina en esta región costera.
El litoral pacífico de Nariño es hoy ‘la
esquina del movimiento’, que en nada se refiere al tema de la canción de la
Sonora Matancera, sino por las actividades ilegales que a diario se efectúan.
Geográficamente esta área se le explota impecablemente para interés privado,
contrario a lo que debiera hacer el gobierno como punto referencia de exportación
e importación de productos, que indudablemente formalizaría el empleo de miles
de costeñas y costeños.
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