Por: Iván Antonio Jurado Cortés
Colombia
es uno de los países sudamericanos caracterizado por presentar un alto y
preocupante nivel de pobreza. Existen muchos factores que han desencadenado el
atraso social en la población colombiana, siendo el de mayor incidencia el
modelo de gobierno existente, donde prácticamente el enfoque del desarrollo lo
miden de acuerdo al avance económico que tienen los empresarios y poderosos del
país.
En
ningún momento se tiene como referencia las condiciones sociales, culturales y
económicas del colombiano de “a pie”. Es lamentable y deshonroso para el resto
del mundo saber que en un país con una extensión de 1.141.748 kilómetros
cuadrados y 45 millones de habitantes, solo el 0.06%, es decir 2428 colombianos
son los que poseen más de 44 millones de hectáreas, equivalente al 53.5% de la
tierra fértil. Mientras que 1.3 millones de compatriotas, que son el 35.8%,
solo poseen alrededor de 345.000 hectáreas, o sea, el 0.42% de la tierra apta
para la explotación agropecuaria (Datos IGAC).
Sin
embargo hasta el momento no se vislumbra un panorama alentador, concebido desde
una verdadera reforma agraria, donde finalmente se haga justicia con los
humildes labriegos del país del “Corazón de Jesús”.
Por
otro lado se mira con preocupación el desempleo que cada vez va en aumento,
afectando principalmente a los sectores populares. No se puede entender que un
país bañado por dos océanos, recorrido por varios ríos aptos para la navegación
y un inmenso espacio para desarrollar propuestas productivas, no se faciliten
las condiciones aptas para corregir y suplir estas sentidas necesidades de la
mayoría de las personas vulneradas.
Se
ha considerado que más del 90% de los campesinos que emigran a la ciudad, van
en busca de mejores oportunidades laborales. Esto como producto de las
limitadas garantías para explotar técnicamente sus fincas, sumado a otras
circunstancias, como: presión de grupos armados, terratenientes e intervención
de multinacionales mineras o madereras.
Lástima
que después de varias décadas aún no se haya aplicado una política clara
respecto al manejo y propiedad de la tierra. Si esto se hiciera teniendo en
cuenta los diferentes patrones de equidad y justicia social, estoy
completamente seguro que no existiera tanto desplazamiento, ni empleos informales;
es más, se disminuyera considerablemente la desocupación en las grandes urbes.
Es
urgente darle una mirada al campo colombiano. Ese es el secreto para la
verdadera “Seguridad y Prosperidad Democrática” de la que tanto se habla… los diálogos
del gobierno con la guerrilla de las Farc en el tema de tierras, ha considerado
esta problemática, avanzando lentamente en algunos puntos estructurales, que
sin lugar a dudas aportará mucho a romper este paradigma agrario.
Obviamente
que cuando se trata temas tan álgidos que lastiman intereses empresariales o
capitalistas, las reacciones en contra de este tipo de propuestas no se hacen
esperar. Las conversaciones de paz que se desarrollan en Cuba, es la única
oportunidad que tiene el agro nacional de beneficiarse en su totalidad, de lo
contrario, todo continuará tal cual ha
venido desde hace más de un siglo: más campesinos desposeídos y un fuerte
gremio de terratenientes.
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