Por: Iván Antonio Jurado Cortés
No cabe duda que las negociaciones de paz entre el gobierno nacional y el grupo insurgente de las FARC E.P., es el proceso que acapara mayor atención en todo el territorio colombiano; siendo una de las razones fundamentales la urgencia que tiene esta nación en buscar una salida negociada al conflicto armado que yace sesenta años atrás, dejando a su paso miles de muertos, lisiados y otro tanto psicosiados por la zozobra e incertidumbre que genera la guerra.
Existe mucha expectativa por parte de la población, sin embargo las opiniones están encontradas; mientras unos son escépticos a los resultados que se puedan lograr, otros mantienen viva la esperanza de que esta controversia armada llegue a un buen término, empezando con la dejación de las armas y la concertación para la implementación de verdaderos programas sociales. Lógicamente que después de tantos años y cinco oportunidades de intentos en busca de soluciones pacíficas a la confrontación, las opiniones al respecto seguirán siendo controvertidas.
La formalización de las negociaciones en la ciudad de Oslo, sirvió para aterrizar imprecisiones, fortalecer posiciones y enfocar la intención por un sendero real, responsable, maduro y objetivo, donde este proceso sea diferente a los anteriores que aprovechando las malas experiencias, hoy las actuaciones sean argumentadas y ajustadas a la necesidad de una sociedad ambiciosa de tranquilidad y optimista por una mejor patria.
La ciudadanía de bien se ha manifestado en diferentes escenarios en pro de respaldar tan importante acercamiento de los actores responsables de la lucha armada, solo algunos mal intencionados añoran que el objeto no se cumpla, por el contrario, son partidarios de continuar en esta actividad equivoca que a la vista se nota les ha arrojado positivos resultados de poder y económicos.
No obstante, los discursos de inicio son bastantes divididos, mientras los negociadores del gobierno son claros en afirmar que el propósito es que las FARC E.P. se reintegren a la sociedad civil y puedan participar del proceder político electoral, la delegación de la guerrilla en cambio ha manifestado el propósito de que esta es la oportunidad para reformar estructuralmente el sistema gubernamental en el país.
Desde ya se observan contradicciones y actitudes no muy claras por parte del jefe negociador del gobierno, donde textualmente expresó: “…esta es la oportunidad para la transformación de la sociedad”, mientras en el mismo discurso más adelante manifiesta:”…no hemos venido a discutir sobre el modelo económico, político o inversión extranjera, solo a buscar una negociación para la deposición de las armas”, lo que no sucedió con la contraparte siendo directos y concisos, actitud que incomodó a una parte de los colombianos. No se puede desconocer que una de las causas que dio origen a la conformación de agrupaciones armadas ha sido el sistema político y económico del país; una estructura neoliberal patentada por un capitalismo irresponsable, produciendo resultados antisociales, como aumento de la pobreza, desempleo, violencia y escasas oportunidades de participación y equidad.
Es claro que la paz debe discutirse sobre hechos reales, teniendo como referencia la existencia de la gran problemática de desigualdad, injusticia, corrupción, desplazamiento y por supuesto un modelo económico y político apático al pueblo. El tiempo ha demostrado que el actual sistema de gobierno no es el más conveniente para hacerle frente a la ingente necesidad de cambio que la población espera. En este sentido, se nota que el discurso del comandante guerrillero estuvo dentro de los términos inevitables en un proceso serio de paz, de lo contrario, no tendría objetividad y el esfuerzo y sueño de millones de colombianos se iría al traste.
Los diálogos continuarán el próximo quince de noviembre, y desde ya se mira la susceptibilidad del proceso, debido a temas álgidos y embarazosos para el gobierno como la tenencia de la tierra y la implementación de una verdadera reforma agraria. Aunque en el momento se hable de la política de restitución de tierras, esta no es suficiente porque es una Ley incompleta, conllevando a las víctimas a comprometer lo que les reintegran con la empresa privada que siempre poseerán los recursos económicos para su explotación.
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