Por: Iván Antonio Jurado Cortés
Como ya es costumbre en nuestro país, el pasado mes de junio se llevó a cabo la celebración del Día del Campesino en honor al trabajador del campo, que aunque se ha vuelto solo un simple formalismo y ‘saludo a la bandera’, no deja de preocupar la realidad del sector agrario colombiano. Es una excelente oportunidad para hacer un alto en el camino y analizar la crisis que atraviesa este importante sector de la economía nacional. Más ahora cuando una verdadera reforma agraria se esfuma con la bruma de la anarquía y retórica.
Fue en la presidencia de Guillermo León Valencia en el año 1964, cuando se presenta por primera vez la idea propuesta por un funcionario de la desaparecida Caja Agraria, para establecer un día en el calendario y hacer homenaje a todos los labriegos del país. Hecho que fue formalizado en el año de 1965 mediante el Decreto 135, donde se institucionaliza el primer domingo del mes de junio como “Día Nacional del Campesino”. Desde esa fecha para acá solo se ha mantenido como un acto simbólico, cargado de folclorismo e irresponsabilidad por parte de los entes gubernamentales en todos sus niveles; decantándose en solo una fecha más.
El clamor del sector rural es demasiado grande y cada vez se hace más notoria la ausencia de los gobiernos de turno. No se puede desconocer el ingente esfuerzo de las organizaciones sociales tanto campesinas como indígenas en busca de mejores alternativas para trabajar el campo, sin embargo todo queda en simples actos pintorescos, matizados con propuestas politiqueras solo para salir de paso.
En la última década, se ha agudizado la problemática agraria, debido a la depravada globalización de mercado, donde los productores han llevado la peor parte. Aunque actualmente más del 60% de las personas se han concentrado en las ciudades y centros poblados, no deja de ser vital la población rural, siendo esta la primera abastecedora de productos agropecuarios destinados especialmente a los ciudadanos de estratos bajos, donde el poder adquisitivo es bastante limitado. Aclarando que el 80% de los citadinos califican para este fin.
Es inadmisible desde todo punto de vista entender que en Colombia la economía anda sobre ruedas, especialmente en la generación de empleo, disminución de la pobreza y fortalecimiento de la economía solidaria; todo esto es un grosero sofisma, a razón que el 82% de los nacionales no sobrepasan la línea de la pobreza, siendo la población campesina la de mayor índice de vulnerabilidad. En ningún momento se tiene como referencia las condiciones sociales, culturales y económicas del colombiano de “a pie”. Es muy lamentable y deshonroso para el resto del mundo saber que en un país con una extensión de 1.141.748 kilómetros cuadrados y 45 millones de habitantes; solo el 0.06%, es decir 2428 colombianos son los que poseen más de 44 millones de hectáreas, equivalente al 53.5% de la tierra fértil. Mientras que 1.3 millones de compatriotas, que son el 35.8%, solo poseen alrededor de 345.000 hectáreas, o sea, el 0.42% de la tierra apta para la explotación agropecuaria (Datos IGAC).
Con la entrada en acción del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el campo será el más perjudicado, ya que sus productos perderán aún más el valor de lo que hasta el momento se presenta, debido a la arcaica manera de producir; quedando demostrado el abandono estatal. Con las incipientes industrias campesinas, no se dará abasto para competir ni mucho menos surtir una demanda acorde a la endémica crisis económica de la ciudadanía colombiana. El Estado y los gobiernos siguen en deuda con los forjadores del agro nacional, con una reforma agraria que suena bonito en los escritorios, pero muy nociva en la práctica, motivo que su estructura es diseñada técnicamente en beneficio capitalista a gran escala.
No se puede entender que un país bañado por dos océanos, recorrido por varios ríos aptos para la navegación y un inmenso espacio para desarrollar propuestas productivas, no se faciliten las condiciones aptas para corregir y suplir estas sentidas necesidades de la mayoría de las personas vulneradas. Se ha considerado que más del 90% de los campesinos que emigran a la ciudad, van en busca de mejores oportunidades laborales. Esto como producto de las limitadas garantías para explotar técnicamente sus fincas, sumado otras circunstancias, tales como la presión de grupos armados, terratenientes e intereses de particulares.
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