Por: Iván Antonio Jurado Cortés
Como vergüenza nacional e internacional se ha catalogado el acto criminal que en estos días ha sucedido en el seno del Congreso colombiano. La famosa “Reforma a la Justicia” no es más que una serie de leguleyadas diseñadas diabólicamente con el propósito de cerrar con broche de oro una seguidilla de desaciertos jurídicos que durante la última década se han promulgado con mayor intensidad. De todas maneras esta es una prueba más para decir con seguridad que el “Honorable” Congreso de la República está pasando por el peor momento en cuanto a ética, transparencia y credibilidad. Ya no solo es la parapolítica la túnica que los cubre, sino que sacan a relucir el voraz y avaro apetito de blindarse en sus oscuras intenciones.
Aquí no solo son responsables estos ‘lagartos de cuello blanco’ que aprobaron esta catastrófica Reforma, también le cabe juicio al gobierno, ya que desde el inicio de este mandato se había notado el ingente interés de modificar la Constitución Nacional con la inclusión de artículos encaminados a atropellar algunos principios de legalidad ciudadana. No cabe duda que entre la mayoría de parlamentarios y gobierno existe una evidente simpatía, creada a raíz de los ‘acuerdos de bancadas’, donde todos en grupo aprueban o hunden proyectos legislativos y el de la sonada Reforma no fue la excepción.
Cuando hablamos de un sistema neoliberal o capitalista no solo se plantea la globalización de la economía o la privatización de la salud y educación, también está en juego la ética, los principios de la sana democracia y por supuesto la dignidad de un pueblo que cada día sueña con mejorar sus condiciones de habitad. La justicia en cualquier país del mundo debe estar estructurada bajo la figura de la transparencia e igualdad, algo que en Colombia tristemente se está exterminando aceleradamente, solo nos quedara la historia para contarla. La Reforma a la Justicia, entre la cantidad de desafueros, contempla muchos artículos que drásticamente le quita toda acción de poder jurídico y legal a la rama de la justicia, volcándola al sometimiento del ejecutivo, y de esta manera consolidando una disimulada pero sólida dictadura, formando a un presidente con todo el poder y autonomía para actuar como y cuando quiera.
El solo hecho de trasladar el manejo de la justicia a notarias o a simples abogados ‘parroquianos’ con la disculpa de descongestionar los procesos judiciales, significa en otras palabras una escueta privatización de esta rama, entendiendo que muchos de los casos que son obligación del Estado resolverlos gratuitamente, ahora los ciudadanos tendrán que pagar. Expresando que el 62% de los procesos estancados son ejecutivos hipotecarios
La descongestión de los despachos judiciales, junto al aumento del periodo de los funcionarios de las altas cortes, son claros ejemplos de que el gobierno también es responsable directo de este atropello contra la administración de justicia. A simple vista se observa que la eliminación de la muerte política a congresistas corruptos o la no investigación por parte de la fiscalía a estos sinvergüenzas o que ningún ciudadano pueda denunciarlos hasta no tener las pruebas suficientes, son solo resultados anteriormente concertados con los partidos oficialistas que comulgan con las decisiones gubernamentales.
Desafortunadamente para el señor presidente y su Honorable Ministro de Justicia y el Derecho se les salió de las manos, siendo demasiado grandes los ‘micos’ inmersos en todo el contenido del documento. Estos señores ‘conciliadores’ que sin ningún escrúpulo tomaron el poder que el pueblo les otorgo y sin piedad alguna determinaron legislativamente a favor de sus intereses, solo son unos arlequines manipulados por la mayoría de representantes y senadores aprovechados de su investidura que piensan en sus propios beneficios y disfrutan de la necesidad y sufrimiento de la mayoría de colombianos.
Finalmente se debe resaltar la actitud valerosa de contados parlamentarios que con toda la ética y dignidad del caso informaron inmediatamente al pueblo sobre la catástrofe judicial que se engendraba en el sagrado recinto del Congreso Nacional. Igualmente felicitar a la ciudadanía quien manifestó su descontento a semejante injusticia. Y como el show continua, ahora se lavan las manos argumentando que fueron ‘doce’ los culpables de los cambios efectuados dizque a última hora… viene en seguida la actitud presidencial manifestando a los cuatro vientos que se debe ajustar la tal Reforma, a razón que existen prebendas para beneficiar la impunidad; cuando se mira que las objeciones en ningún momento tocan las gabelas a magistrados o la independencia de la rama judicial; tampoco se objeta el Artículo que crea la sala especial con tres magistrados para juzgar a congresistas,… en otras palabras solo es una cortina de humo para disimular tan gran escándalo generado por el asesinato de la justicia.
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