¡LA PRUEBA DE FUEGO!

Por: Iván Antonio Jurado Cortés

Por primera vez en el departamento de Nariño la bancada parlamentaria se pone de acuerdo en un tema trascendental en el ámbito social, económico y político como es la minería. En los últimos encuentros realizados por dirigentes gremiales de este importante sector de la economía regional y apoyada por el actual mandatario de los nariñenses, se ha ido decantando la idea de brindar todo un espaldarazo al proceso de formalización de la minería tradicional y/o artesanal en el suroccidente de Colombia.

 No se puede desconocer que esta región sur del país es de inmensa potencialidad minera en metales, como: oro, plata, molibdeno, manganeso y por supuesto las canteras de minerales aptos para la construcción. Los tres distritos mineros (La Llanada, Barbacoas y Pasto) en el  momento agrupan a los municipios dedicados a esta actividad, siendo relevantes las explotaciones auríferas en la cuenca del río Telembí y en el sector de la Llanada. Sin embargo existen municipios de gran reservorio en metales preciosos como Santa Cruz de Guachavéz y Mallama pero que hasta el momento su explotación ha pasado desapercibida para las comunidades pero ambiciosa  para multinacionales que ya han formalizado solicitudes de concesión.

Lastimosamente y  como en cualquier política que apunte a la globalización económica, siempre la clase obrera  directamente será afectada por estas disposiciones gubernamentales y el gobierno colombiano no es la excepción. Para nadie es un misterio que uno de los países con mayores disposiciones jurídicas es Colombia, la mayoría inoperantes o como ocurre en muchos de los casos no se las conoce. Aunque una de las funciones del congreso es crear leyes y toda la normatividad que supuestamente rigen el equilibrio jurídico, social, económico, cultural y ambiental, también se ha convertido en un cuerpo legislativo que actúa bajo la primicia particular de defender a toda costa un mandato neoliberal en beneficio de un selecto grupo de ciudadanos que solo piensan en una explotación irracional de los recursos y el fortalecimiento de la banca mundial, por encima de las necesidades del pueblo.

Según el gobierno central, el tema minero hace parte activa de una de las locomotoras de la prosperidad social, siempre y cuando se la maneje a gran escala. Hasta el momento la minería tradicional y/o artesanal es la piedra en el zapato tanto a nivel legal como jurídico, convirtiéndose en una prioridad para la próxima legislación retomar el famoso “Código Minero” que en días pasados se cayó en la Corte Constitucional por no haber hecho partícipe a la comunidad en su formulación y no manifestar un procedimiento legal como la consulta previa.

A partir del 20 de julio entrará a debate la reforma minera, y es este el escenario perfecto para que la bancada congresista de Nariño ratifique su posición en favor de la defensa territorial, especialmente con la minería tradicional y/o artesanal. Es imperativo popular insertar en esta normatividad la actividad minera de pequeña extracción de tal manera que beneficie las aspiraciones de miles de familias campesinas que por años vienen aprovechando este medio para su diario sustento. Esta es una prueba de fuego para nuestros representantes sureños, ya que en esa instancia mostraran la defensa de su gente, a través de una propuesta seria y coherente producto de una serie de manifestaciones que los pequeños mineros ya han concluido.

Por otro lado, el debate no se puede enfrascar en una discusión en que si es minería tradicional o pequeña minería, está claro que si hablamos de pequeña minería, se entiende que es el primer paso para conformar el eslabón a una explotación a gran escala. No se puede caer en este juego de palabras, debido que los conceptos son diferentes estructuralmente. Siendo este un punto vital para iniciar con pie derecho la defensa del objetivo propuesto.

Amanecerá y veremos el actuar de nuestra clase parlamentaria. Creo que si son coherentes con el discurso, será la primera vez en la historia política de Nariño donde los 12 congresistas tomen una sola voz, y en esta oportunidad por una justa causa como la defensa del territorio y el derecho al trabajo tradicional de miles de labriegos, que en el momento se encuentran a la expectativa.