Por: Iván Antonio Jurado Cortés
Después de los ‘bombos y platillos’ llega la calma, y en medio de la serenidad empieza el verdadero dolor de cabeza, pero no del guayabo de la celebración motivo de obtener el poder político de un municipio o departamento, sino por innumerables compromisos pactados con las comunidades hambrientas de cambio y soñadoras de mejores oportunidades… cuando ya ha pasado un mes, después de la posesión de los diferentes mandatarios locales y regionales, empieza la elaboración del proyecto fundamental y de cabal cumplimiento ante la sociedad y entidades de control, popularmente conocido como: Plan de Desarrollo, que en otras palabras, es la estructura de objetivos, metas, indicadores y logros a efectuarse en el transcurso de corto, mediano y largo plazo.
Obviamente las directrices generales vienen del Departamento Nacional de Planeación DNP, para aplicarlas a nivel departamental y posteriormente municipal; sin embargo, esto no debiera de ser camisa de fuerza, ya que las condiciones administrativas, políticas, culturales y económicas difieren mucho de una región a otra. Desafortunadamente, en este aspecto se siente el desequilibrio gubernamental reflejado en la desigualdad presupuestal y administrativa. No se puede exigir los mismos indicadores que se acogen en municipios autosostenibles, para otros que solo sobreviven de los recursos del Sistema General de Participaciones SGP.
También es cierto que la cantidad de indicadores o programas no definen el éxito de un Plan de Desarrollo; comprobado está, en muchas oportunidades las formulaciones prácticas y acordes a la situación social y cultural de una comunidad, son las que se convierten en buenos proyectos; lógicamente, no se puede desconocer la estructura básica como son las dimensiones sociales, ejes fundamentales para el desarrollo de una región. De los aproximadamente ochocientos indicadores que contempla el sofisticado Plan, habrá municipios que trabajaran solo con cuarenta o cincuenta. Tenemos casos concretos, como: el Plan de Desarrollo formulado y ejecutado en Itagüí – Antioquia, que al momento del seguimiento y evaluación resultó uno de los mejores trabajos del país. Colombia es una región biodiversa, hecho que le permite ser relativamente diferente en varios aspectos administrativos y culturales. Ejemplo, no podemos comparar la situación del departamento de Nariño, a la de Valle del Cauca o Antioquia o Chocó. Son condiciones marcadamente distintas.
A diferencia de anteriores Planes de Desarrollo, el actual, trae componentes ajustados a la realidad social del país, como: Ley de víctimas, restitución de tierras, no reclutamiento de menores, adulto mayor, primera infancia, Plan Municipal o Departamental de Gestión del Riesgo, entre otros aspectos que se han vuelto de la cotidianidad nacional y que dentro del tecnicismo burócrata se denomina Enfoque Diferencial. Con lo anterior, se deduce un inmenso compromiso estatal y gubernamental en pro de salvaguardar intereses comunitarios proyectados al desarrollo integral, traduciéndose en gran inversión de dinero en todos los sectores de la administración. Lo anterior fomentará y formalizará acciones, como la participación y cofinanciación por parte de organizaciones no gubernamentales en su mayoría extranjeras, dispuestas a apalancar proyectos que a nivel departamental o local no puedan cumplirse debido a los limitados recursos; sin olvidar que es obligación del Estado colombiano velar por la seguridad, integridad y bienestar de cada uno de sus habitantes.
No se puede descartar de primer plano el apoyo logístico y económico que estas instituciones internacionales puedan brindar, sin embargo, los gobiernos deben ser cautelosos en el momento de pactar convenios de cooperación. No hay que desconocer la importante labor humanitaria o de asistencia técnica que se han hecho con este tipo de compromisos, pero también es cierto el fracaso y perjuicio que otras ONGs han provocado en las comunidades. Los municipios de quinta y sexta categoría son aquellos que más inconvenientes presentan al momento de formular planes de desarrollo, debido a las exigencias, algunas neoliberales, impuestas desde la centralidad gubernamental. Estos Entes territoriales son los más susceptibles y vulnerados, por lo tanto debieran ser objeto de mayor atención para la proyección económica dispuesta en la normatividad del DNP. El Plan de Desarrollo no debe ser un desafío adornado de tecnicismo occidental impuesto desde el FMI; por el contrario, hay que plasmarlo en un documento práctico, que conlleve a la redirección de la inversión en la mejor manera.
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