Por: Iván Antonio Jurado Cortés
La paz en Colombia se ha convertido en una ilusión y sueño de todo un pueblo, lastimosamente todos los intentos han fallado hasta el momento; sin demeritar el acto real y de compromiso que tuvo en su tiempo el movimiento guerrillero M- 19, de igual manera otros grupos alzados en armas como el EPL, ERP, que con el paso de los días miraron que una opción para contribuir al aporte de un mejor país era la desmovilización; sin embargo, esto no ha sido significativo al clamor solicitado por la ciudadanía constantemente.
Empezando que la paz se interpreta de muchas maneras: por un lado la ‘paz política’, donde específicamente depende de la voluntad institucional y los grupos organizados, llámese guerrilla, paramilitares, bacrim o narcotraficantes. Por el otro, y que es vital para contrarrestar el accionar de la anterior, es la paz que se daría al corregir el alto nivel de pobreza, la atestada corrupción administrativa y en si la política social deshumanizada. Sin embargo no se puede desconocer que la estructura de toda la problemática nacional está en la falta de oportunidades y participación proporcional - equitativa de todos los sectores de la sociedad. En la actualidad el sistema presidencialista, aunque está amparado bajo la potestad de una Constitución Política democrática, no deja de ser un régimen autoritario en varias decisiones que debería consensuarse directamente con el constituyente primario.
La lógica humana nos dicta que para solucionar un problema de raíz, necesariamente se debe detectar el epicentro del mismo y entrar a corregirlo, para que posteriormente el reflejo de esa acción repercuta en una gran solución. En nuestro caso, no es desconocido para nadie que Colombia ha tenido que afrontar situaciones, resultado de irresponsabilidades políticas pasadas, la mayoría, consecuencia de un arcaico bipartidismo político manipulado a sus anchas por la oligarquía criolla, donde cuatro o cinco familias se han disputado el poder político o en el peor de los casos se han turnado, olvidándose de los pobres electores que también tienen capacidad y el derecho de ser elegidos.
De todas maneras para entrar en una acción de análisis, concertación y posterior determinación de procedimientos en pro de conseguir una paz sostenible en el tiempo, necesariamente hay que tener claro el panorama social y económico del país, empezando por el índice de pobreza, que prácticamente es el eje fundamental para llegar a acuerdos programáticos. No sería real una paz si maquillamos la realidad nacional, a través de estadísticas ficticias, especialmente en el orden de tenencia de la tierra, empleo, desplazamiento y generación de posibilidades laborales.
Se espera que el proyecto en debate “marco jurídico para la paz” sea estructurado bajo unos ejes producto del dinamismo social, económico y cultural de la población colombiana. Algo para tener en cuenta en este nuevo episodio, es revisar la historia política del país, sus antecedentes judiciales y el comportamiento del ciudadano como tal; en esto se hace referencia a los más de 2800 sindicalistas asesinados por fuerzas de derecha, que no han estado interesadas en la reivindicación de los derechos laborales, prestacionales y de inclusión, mucho menos en conseguir la paz; del mismo modo contemplar los casi cuatro millones de desplazados y el 62% de colombianos viviendo bajo condiciones no dignas.
Cuando los criterios políticos y sociales son los únicos que determinan en la solución de una problemática de un pueblo, son estos entonces los que deben salir del común de la ciudadanía; debido que en muchas ocasiones los tecnicismos de los “señores ‘políticos’ o del poder”, por lo regular van en contravía del sentir popular, a razón que siempre se desconoce el verdadero origen de las cosas. Nunca se debe olvidar que la paz que necesita Colombia es una paz social, más no política; ya que esta ultima sería consecuencia de la primera. La paz social es la engendrada por el consiente manejo y solución a problemas de fondo como la pobreza, desempleo, desplazamiento y otros factores que son los desencadenantes de consecuencias negativas en contra de los principios morales y cívicos del colombiano de a “pie”.
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