Por: Iván Antonio Jurado Cortés
Ahora que en Colombia se ha puesto de moda el trajinado TLC (Tratado de Libre Comercio), internamente también el país vive su propio TLC (Teja, Ladrillo, Cemento), producto de le época electorera celebrada por estos días. Aprovechando las elecciones locales y regionales que se efectúan cada cuatro años, muchos ciudadanos, especialmente los de sectores menos favorecidos, se convierten en el objetivo principal para la transacción comercial que acostumbradamente se formalizan en las campañas políticas; donde el interesado en ser elegido, focaliza los ‘puntos’ más vulnerables de la sociedad y entra en un plan de ‘arreglo’ con el posible cliente.
Lastimosamente se tiene que reconocer que la irresponsabilidad ciudadana es de los dos extremos; por un lado los politiqueros que no escatiman momento para aprovecharlo al máximo, de la otra parte, el ingenuo o hábil o necesitado elector que corresponde a la propuesta. Prácticamente es una mafia originada por candidato, elector y tienda distribuidora.
Dentro de cientos de Leyes emitidas y sancionadas por el ejecutivo en los últimos años, existen varias encaminadas o ligadas a corregir la actitud de soborno, chantaje y violadora de la dignidad humana. Desafortunadamente, esta normatividad solo ha servido para agrandar y estilizar las bibliotecas en las oficinas de las entidades de control y penalización del Estado colombiano. Es triste mencionarlo, pero es la cruda realidad: Colombia es uno de los países en el mundo donde más Leyes se emiten, pero al mismo tiempo es donde más se las viola.
El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría del Estado Civil, organismos encargados de emitir, vigilar y en algunos casos sancionar directamente todo acto de corrupción, respecto a inscripciones de cédulas, avales políticos, compra de votos, entre otros; actualmente solo se han inclinado en una orientación didáctica, más que entidades comprometidas en la verdadera legalidad del proceder democrático, especialmente en el momento de hacer uso de uno de los instrumentos constitucionales como es el voto. La última Reforma Política sancionada por el Gobierno Nacional, aunque no demuestra mucho avance, se determina casos puntuales, respecto a los partidos políticos y participación de género. Sin embargo, la famosa “compra del voto” sigue latente a la vuelta de la esquina; inclusive se ha convertido en la mayoría de ocasiones en una cultura electoral, difícil de corregir mientras no haya el compromiso gubernamental y se ponga a prueba lo establecido hace años atrás de castigar ejemplarmente a los delincuentes que compran o venden el voto.
“Teja, Ladrillo y Cemento” son las mejores herramientas para ganar votos, y de esta manera empezar a asegurar una curul o un cargo público local o nacional. Es tan fuerte este ‘TLC’, que ha contrarrestado enormemente el valor de la palabra y obviamente las reales propuestas que un candidato presenta ante la opinión pública; siendo más letal para el pueblo que el verdadero TLC. La Ley es clara cuando dice: “Es un delito el acto de comprar o vender el voto, las penas van de 16 hasta 36 meses de prisión de acuerdo a la gravedad”; pero contrario a esto, es casi nula la ejecución de esta normatividad, a sabiendas que el sesenta por ciento de los elegidos son producto de estas astucias antisociales. Si se castigara rectamente estas actitudes nocivas a la sana participación, este vicio antidemocrático disminuiría ostensiblemente; permitiendo con esto fortalecer un tejido social y gubernamental realmente contribuyente a solucionar la problemática social, económica. Cultural y lógicamente administrativa.
‘El TLC criollo’ es una de las principales causas, que ha filtrado el poder de la democracia colombiana, conllevando a la incredibilidad administrativa y al déficit fiscal, facilitando un deterioro progresivo en contra de los interese populares.
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