Por: Iván Antonio Jurado Cortés
La reforma política que por estos días termina su paso en la Corte Constitucional de Colombia, muestra varios ajustes que se le han hecho desde el Congreso de la República a una normatividad que prácticamente viene siendo flexible y con muchos vacios jurídicos respecto al proceder político y electoral colombiano. Obviamente que dentro de las modificaciones propuestas por el ente legislativo está las responsabilidades de los partidos políticos en cuanto a la inscripción de candidatos, de igual manera la posibilidad de que los aspirantes a diferentes cargos públicos sean avalados por más de un partido o movimiento; pero una de las más importantes es la participación femenina en las diferentes listas y corporaciones de representación nacional.
Aun se sigue tratando a la mujer como una persona que no posee las cualidades necesarias para poder participar en igualdad de condiciones en cualquier estamento político, económico, laboral, cultural y social. Hasta ahora no existe un concepto científico que compruebe que la mujer es inferior al hombre en sus capacidades intelectuales; por el contrario, ellas han demostrado a través de la historia de la humanidad que son capaces de realizar las mismas actividades que el hombre desempeña habitualmente, con la ventaja que son seres más disciplinados y calculadores que los hombres…
El 30% de participación femenina en las listas a corporaciones públicas a la cual hace referencia la famosa reforma política, aunque ya es un avance en la política de equidad de género, simplemente confirma de alguna manera que aún este Estado es “machista”, y que se persiste en tener una actitud prevenida en cuanto a la participación de la mujer en la vida política de la sociedad colombiana. Si hacemos un análisis comparativo con otros países vecinos, observamos que las mujeres ya han roto paradigmas ocupacionales, llegando a ostentar cargos de gran jerarquía, tal es el caso de las presidentas de Chile, Argentina, Costa Rica, Filipinas entre otras… Esto no quiere decir que todas tengan esas mismas condiciones de administrar y carácter para legislar o gobernar, pero en términos generales la mayoría de ellas han demostrado que también pueden desempeñar una loable labor administrando una empresa o un país. Sin desconocer que administrar una familia es una de las actividades más complejas, sensibles y ardua que puede hacer un ser racional, y que la mujer lo hace con gran propiedad y confianza.
Lo lógico y natural fuera que no se tuviera que llegar a los extremos de que una decisión de participación de una persona en la vida pública se tenga que socializar, analizar y aprobar por hombres en estrados políticos, constitucionales y judiciales.
Pasaran años para que nuevamente se considere una verdadera participación ecuánime del género femenino en todas las actividades de la cotidianidad colombiana, estoy hablando que todo se igual, o sea del 50% en todos los estamentos. Es cierto que no se puede cambiar una cultura arraigada a la fuerza bruta de la noche a la mañana; y esto no solo pasa en nuestro país, sino que este complejo de inferioridad que los hombres llevamos impregnado en el fondo de nuestro cerebro, está popularizado en la mayoría del planeta. Finalmente expreso que el procedimiento lógico para generar justicia social, equidad de género y verdadera participación democrática, respetando el Estado Social de Derecho, es derrotando las prevenciones, combatiendo los prejuicios morales y culturales, facilitando y confiando en la capacidad intelectual de la mujer…
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