Por: Iván Antonio Jurado Cortés
En esta semana escuchamos al primer mandatario de los colombianos hablando que por fin se acaba la “guachafita”, que el gobierno no soportará más este tipo de actos en ninguna de las dependencias del sector salud. Me parece que la intención apunta más al castigo disciplinario y en algún caso penal de algunos directivos de las EPS implicadas en el robo más grande y descarado que ha vivido nuestro país en los últimos años, que a un plan real de reforma.
La solución no está en terminar con la “guachafita”, ni quedarse solamente castigando a los “guaches”; sino en proponer una reforma estructural e integral del sector salud. Desde el año 1993, cuando se creó la famosa Ley 100, auspiciada por el gobierno de turno para ese entonces de Cesar Gaviria, siempre se supo que no era la solución al inconveniente que ya presentaba la salud en Colombia. En aquella época se argumentaba que con dicha Ley se brindaría el servicio a todos los colombianos y se corregiría la deficiencia administrativa, de atención y corrupción que existía en los hospitales estatales del país. Sin embargo, a medida que pasaron los años la ciudadanía colombiana concluyó que fue “peor la cura que la enfermedad”.
La política neoliberal legalizada completamente con el gobierno de Gaviria, no solamente generó inestabilidad e inequidad con otros sectores de la producción colombiana, sino que también logró su aplicabilidad en el campo de la salud y la educación; dos de los sublimes derechos que posee cualquier ciudadano en un Estado Social de Derecho así como dice ser el nuestro. La política neoliberal hubiera tenido acierto, siempre y cuando se gozara de suficiente base para poder afrontarla. Colombia con una deficiente infraestructura en todos sus frentes, especialmente en la rama de la agroindustria y producción no podría someterse a la globalización del mercado. No podemos competir en costos y calidad de servicio y producto, cada vez que se continúe con esa visión miope, omitiendo la verdadera causa de los malos resultados.
La ley 100 del 93 se convirtió desde su inicio en una fuente de enriquecimiento legal de todos los comerciantes alrededor de la salud. Desde su aplicación, los inconvenientes no se hicieron esperar; empezando con la gestación de centenares de EPS mal llamadas de “garaje”, caracterizada por la prestación negligente de servicios. Fue tanta la flexibilidad y la incoherencia de la dichosa Ley, que el gobierno siguiente, en medio del afán de salvaguardar la gran herencia que le dejaba su antecesor, le salió al paso con la primera reforma aplicada directamente a las EPS más débiles, especialmente las del régimen subsidiado donde claramente se hacen los ajustes correspondientes, todo con el propósito de dejar sin acción a cientos de empresas prestadoras de salud. Por tal motivo se exigió como requisito primordial un patrimonio sólido que sobrepasara los dos mil millones de pesos y que los afiliados estén por encima de los doscientos mil, sin descartar otra serie de exigencias que para la capitalización de la salud eran indispensables. Prácticamente en este instante es cuando se da rienda suelta a la organización de grandes empresas comercializadoras de la salud, tanto en el régimen subsidiado como contributivo.
Necesariamente se debe quitar de paso a los intermediarios del servicio, ya que mientras ellos existan, siempre existirá el interés por el capital. De igual forma el famoso POS, que es otro de los limitantes y que los mercaderes de la salud lo han acogido como su legítima defensa, ya que este les permite blindar sus inversiones y fortalecer el patrimonio. La reforma debe ser sustancial y enfocada en erradicar la intermediación y el famoso POS. La solución no está en depurar a las EPS, sino en terminar con la columna vertebral origen de las desproporcionadas ganancias a sus directivos y socios. Mientras no se termine con los “guaches”, siempre existirá la inclinación a la comercialización de nuestra salud.
No hay comentarios:
Publicar un comentario