Por Iván Antonio Jurado Cortés
Mucho
se ha hablado de la ‘santa inquisición’,
actividad que quebrantó el principio ideológico de millones de humanos, que
bajo el estigma de la indagación y muerte sucumbieron ante la necedad e
impertinencia de personajes, que se creyeron tener la autoridad moral para enjuiciar
y condenar solo por naturales diferencias. Cuando todo parecía ser historia de
un arcaico siglo, hoy este instinto asesino estratégicamente coge fuerza,
disfrazado acciones neonazis o neoliberales.
Cuando
se pensaba que con la Constitución Política nacional de 1991, el país entraría
en un proceso de transformación sociopolítica en beneficio del pueblo, todo se
quedó en simple expectativa, ya que después del primer lustro de aplicabilidad,
ya se tenían decenas de ajustes jurídico-legales, todos en favor del sistema
neoliberal que empezaba a arraigarse en el régimen gubernamental colombiano.
Colombia
es el país en el planeta que más leyes genera por unidad de tiempo, la mayoría
producto de una serie de situaciones originadas de la cotidianidad ciudadana,
enfocada en razón de cómo hacer una sociedad ordenada, mirándola desde un
formato convencional e irreal de disciplina y comportamiento robotizado.
La
mayoría de estados europeos, especialmente los del centro y nórdicos, todos se
rigen por sólidas estructuras legislativas soportadas en base a la ética,
justicia, legalidad, austeridad, eficiencia y efectividad al momento de tomar
determinaciones con los ciudadanos. Incluso, sus constituciones políticas son
englobadas bajo directrices de convivencia, responsabilidad y participación de
todos los actores de la sociedad que protegen. Prácticamente son normas hechas
de acuerdo a las exigencias populares, respetando su cultura e idiosincrasia.
Los
últimos gobiernos neoliberales se han enfocado
en el fortalecimiento de las macroeconomías de la clase pudiente del
país, debilitando progresivamente al pueblo hambriento de transformación, cada
vez más distante. Los intereses políticos se enmarcan bajo la línea exclusiva del Banco
Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional, contribuyendo
al deterioro del tejido social y violando los principios fundamentales de los
vulnerables.
Los
ocho años de Uribe Vélez y los cuatro de su sucesor, además de profundizar en
una crisis política y social, se han caracterizado por elevar el nivel de
impunidad e injusticia. Se viene practicando una inquisición psicológica y
endémica, que taladra sutilmente el pensamiento de quienes obedecen las
disciplinas impuestas desde el imperio del capital extranjero.
Hoy
miramos que los sectores de la economía más fuerte del país son los que
determinan los destinos de la mayoría de colombianos, conllevándolos por el
sendero de la desigualdad, sumisión y atraso social.
El
colmo de los inquisidores se ha reflejado en el afán por mantenerse en el poder
a costa de lo que fuese, caso concreto, el señor Uribe Vélez, quien no dudó en
conspirar para modificar la constitución y regalarse cuatro años más de poder
gubernamental. Lo mismo piensa el actual ejecutivo, y de esta manera dicha
modificación seguirá siendo el trasnocho de los próximos presidentes de la
nación del ‘Corazón de Jesús’.
Por
otro lado, un procurador cubierto por el manto ideológico de ‘pureza divina’,
quien con sus acciones le ha enseñado a Colombia que la persona no creyente en
su propuesta espiritual, necesariamente debe ser enviada al infierno, tal como
lo expresó la congresista electa María Fernanda Cabal, que con su estúpida
sapiencia, dijo que el infierno es el mejor lugar para el nobel Gabriel García
Márquez, Fidel Castro y todos los ‘izquierdistas’, o mejor dicho las personas
de pensamiento popular.
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