Por Iván
Antonio Jurado Cortés
Son más ocho días desde que el pueblo colombiano se enteró de la noticia
más polémica de las últimas décadas, y fue la destitución en primera instancia
del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, elegido por voto popular el
pasado 26 de octubre del año 2011. Más de 750 mil sufragios fueron los
responsables de otorgarle tal dignidad a este dirigente surgido de la base
popular, con una inmensa visión de gobernabilidad social dirigida directamente
a corregir estructurales problemas que han estigmatizado a la sociedad
capitalina.
En este orden, también se
identifican alcaldías con gran profundización en la cultura de la legalidad como
la de Antanas Mokus y ésta de Gustavo Petro, caracterizada por la inclusión
social, especialmente de los sectores vulnerables del distrito, resaltando
significativos avances en educación, salud, ambiente, implementación de
programas sociales y por supuesto en saneamiento básico. A esto se le agrega la
contundencia en la desmantelacion de las grandes mafias elitistas incrustadas
por años en la capital colombiana.
Hoy el pueblo colombiano observa con impotencia como un funcionario público
elegido erróneamente por un congreso amangualado, satisface sus ansiosos deseos
inquisitorios, persiguiendo a otros funcionarios esta vez a uno elegido por
voto popular, con argumentos salidos de solvencia jurídica y administrativa con
el malévolo propósito de imponer indolentemente una posición ideológica traída
de la era medieval, con toques seudoespirituales, propios de una patria
conservadora como la del ‘Corazón de Jesús’.
La discusión
está sobre el tapete, y por supuesto la oligarquía y prensa lacaya al servicio
de la misma, intenta detener una
avalancha popular indignada por tan desproporcionada acción del omnipotente
procurador Ordoñez. Un alcalde defendiendo su tesis, convocando a la
solidaridad internacional y apoyado por una incalculable masa social, resiste
el capirotazo e insiste en demostrar el abuso de autoridad de un
encaprichado y arbitrario representante del ministerio público.
Mientras prospera la profundización de tan exabrupta determinación del
salvador o inquisidor conservador, las ‘basuras’ siguen su curso hacia la
búsqueda del maquiavélico poder a favor de la élite y mafia estatal. Tres días
de transición empresarial privada a pública, fueron suficiente para que el
procurador de un solo tincazo destituyera e inhabilitara por 15 años al alcalde
mayor de Bogotá.
A medida que avanzan las investigaciones, todo apunta a una conspiración de
la ultraderecha y empresarios particulares que siempre han vivido de
usufructuar el erario público que por ley corresponde a toda la sociedad.
Las marchas en apoyo al alcalde Petro no se han hecho esperar; hoy Colombia
reacciona a semejante atropello y saboteo contra la democracia. Hay que admirar
la manera cómo el pueblo procede sin violencia pero contundentemente en rechazo
de la decisión más equivocada desde la institucionalidad.
Estudiantes, indignados, políticos, gremios, en fin, muchos sectores de la
humanidad nacional han expresado total desacuerdo al concepto mezquino de una
persona que se ha creído el mesías de una sociedad supuestamente enferma. No se
ha hecho esperar el repudio popular y también el internacional por tan
arbitrariedad estatal emanada por un órgano de control que se supone es garante
de preservar los derechos humanos.
Esta nación ha llegado al punto de saturación más alto de la historia
política: conflicto armado, narcotráfico, parapolítica y corrupción
administrativa, a la orden del día.
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