Por: Iván Antonio Jurado Cortés
No cabe duda que en este caso se cumple al pie de la letra el sonado refrán: “más caro el caldo que los huevos”. Desde el inicio del Plan Colombia con el gobierno de Andrés Pastrana Arango se implementó y legalizó la fumigación aérea de cultivos ilícitos en nuestro país; a partir de esta fecha no han parado las críticas y posiciones encontradas por las consecuencias que acarrea el alto nivel de glifosato en las aspersiones. Hace unos años para acá, el gobierno colombiano conjuntamente con el de Estados Unidos ha intensificado la lucha contra la producción de cocaína, fijándose metas para su erradicación total; sin embargo los resultados no han sido positivos, optando por estrategias y procedimientos no convencionales para lograr tal propósito; entre ellos se menciona la fumigación a gran escala mediante la utilización de glifosato de alta concentración.
Se toma como ejemplo la costa pacífica nariñense, que en la última década el cultivo de coca y la producción de alcaloide se incrementó, esto según la información presentada por autoridades competentes en la materia. Se ha determinado que por cada hectárea que se fumiga aéreamente, se afectan 20 hectáreas de cultivos de pan coger (Diócesis de Tumaco). A causa del abandono estatal en las zonas rurales colombianas, las comunidades se han visto avocadas a buscar su sustento en diferentes actividades, entre ellas, las labores consignadas como delictivas por el Estado. No se puede ocultar que en los diez municipios de la costa nariñense existe presencia de cultivos ilícitos, en mayor concentración en unos que otros; sin embargo, esto no es disculpa para que se arremeta contra las inermes comunidades de la manera más irresponsable y dramática. Después de unos años de haber empezado a efectuarse las aspersiones masivas, hoy, la costa nariñense hace sus propias conclusiones, que ha propósito no son nada agradables para la convivencia.
Actualmente se contabilizan aproximadamente 20 mil hogares desplazados en toda la costa, de ellos el 45% son del municipio de Tumaco. De lo anterior, alrededor del 25% son producto de las fumigaciones, ya sea porque no tienen en que trabajar, epidemias, contaminación de las fuentes hídricas, en fin. En el momento no es raro encontrar fincas de grandes extensiones en completo abandono, debido a la esterilización de la tierra principalmente; en un porcentaje muy bajo la falta de recursos para invertir en las mismas. No se descarta, según los especialistas en el tema, que el PC (Pudrición de Cogollo) en la palma aceitera pueda ser consecuencia de la misma fumigación, y que de paso deja más de 22 mil vacantes directas e indirectas;… amanecerá y veremos.
Dentro de las estadísticas también se muestra con mucha preocupación el progresivo aumento en el índice de niños con malformaciones genéticas; del mínimo porcentaje que se manejaba normalmente, ha aumentado en 15%; a esto sumado el 20% en abortos y 10% en esterilización de mujeres en edad fértil. Por otro lado, también es notorio el estrepitoso descenso en la producción agropecuaria silvestre (60%), especialmente en banano, cacao y coco; del mismo modo aumentó el riesgo de extinción de algunas especies animales como artrópodas, mamíferas y por supuesto la intensa disminución de la riqueza ictiológica de los ríos y sus afluentes.
Son más de 45 consejos comunitarios de las comunidades negras que representan un promedio de 1.098.768 hectáreas y un aproximado de 40 resguardos indígenas de las etnias Awá y Eperara Siapidara los implicados y afectados en esta desaforada lucha contra los cultivos ilícitos que solo obedece a un mandato internacional y hay que cumplir a costa de lo que sea; más cuando existe un compromiso de por medio sellado con exorbitantes recursos e intereses capitalistas criollos, obsesionados en mostrar resultados y ocultar una crítica realidad. No cabe duda que las únicas afectadas son las poblaciones rurales sin ninguna posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. Cabe resaltar la reacción de los pueblos, el acompañamiento de organismos humanitarios internacionales y la intensión de autoridades locales, todos en pro de salvaguardar la territorialidad y por ende la autonomía - soberanía.
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