Por: Iván Antonio Jurado Cortés
La educación, al igual que la salud, son derechos universales que cualquier ser humano debe poseer así sea en las condiciones más adversas. Actualmente se viene proponiendo desde el Ministerio de Educación Nacional una reforma a la educación superior, que desde ya ha levantado todo tipo de expresiones en su mayoría negativas en contra de semejante idea. Y no es para menos, sabiendo que el 70% de la población estudiantil colombiana hace uso de las universidades públicas, que serian las más afectadas en todo este proceso de transformación educativa.
La base de todo radica en crear universidades de economía mixta, convirtiendo el Fondo de Desarrollo Educativo Superior en una sociedad anónima netamente con intereses capitalistas, ya que con estas modificaciones no habría ningún inconveniente para que inversionistas extranjeros realicen sus pactos comerciales con las nuevas empresas de educación que se pretenden crear. Obviamente que los tratados comerciales internacionales serian los más interesados en hacer parte de esta actividad, debido a que intervendrían con recursos propios; así como con paquetes tecnológicos y de investigación científica; lesionando la autonomía universitaria y fortaleciendo intereses financieros.
En Colombia ya existe un triste precedente con la famosa Ley 100 de 1993, exponiéndola ante la población como la panacea de aquel entonces; argumentando que bajo esa estructura se solucionaría toda la problemática del sistema de seguridad social, especialmente la salud; siendo la fórmula perfecta para corregir el desorden y déficit fiscal que presentaban los hospitales públicos del país. Desafortunadamente, hoy el tiempo nos ha dado la razón a todos los críticos de esa época, que a propósito fuimos muchísimos. Y ahí sí, comparto un dicho popular “más costosa fue la cura que la enfermedad”. Las EPS más grandes han sido intervenidas, corrupción por doquier y el objetivo que era la población, está más enferma que antes de aprobarse tan “magnifica Ley”. En conclusión, el derecho a la salud perdió su esencia desde que se convirtió en un acto mercantil y bursátil de carácter privado, beneficiando solo a sus accionistas.
Del mismo modo, nuevamente vuelve y juega el gobierno neoliberal para emprender otro ataque desmedido, aprovechando el poder que el pueblo les otorga para finalmente hacer del derecho a la educación otro negocio mejor que la salud. La reforma planteada ante el congreso de la República, también contempla la exigencia desmedida de resultados a todas las alma mater, pero sin inyectarles el presupuesto necesario para mejorar en calidad y ser competitivos ante otras universidades del medio y extranjeras. Gran ejemplo en educación superior nos dan países que nos llevan una significativa ventaja en adelanto tecnológico y en calidad de vida; caso concreto: Japón, China, Estados Unidos, Canadá y en si todos los países desarrollados de Europa, gracias a la inversión sensata de cada uno de esos gobiernos, que miran con claridad que la educación es la fórmula perfecta para sacar del atraso a cualquier sociedad. Caso contrario lo que ocurre en el país del Corazón de Jesús, donde el derecho a la educación pasa a segundo plano, convirtiéndose en una constante lucha entre ciudadano y Estado.
No cabe duda, que invertir en educación es invertir para el desarrollo social, cultural, económico y político de una comunidad. Hoy más que nunca se insiste en fortalecer este sector, debido que es la estrategia correcta para emprender una verdadera revolución social en pro del desarrollo integral; contribuyendo a cauterizar de raíz problemas estructurales tales como el desempleo, la inseguridad, la pobreza política y por supuesto fomentar proyectos direccionados al mejoramiento ciudadano. Las universidades públicas son la carta de navegación y al mismo tiempo la única oportunidad que posee la mayoría de la población colombiana para superarse académicamente y aportarle al progreso socioeconómico.
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